Febrero de 2017. La gestión del presidente Mauricio Macri acepta la propuesta de reducir en un 98% la deuda que la empresa Correo Argentino S.A quedó debiendo al Estado por la gestión del servicio postal. Intentaba perdonarle 70.000 millones de pesos de deuda que la empresa de su familia tenía con el Estado después de la quiebra decretada en 2003. No pudo. La fiscalía competente, a cargo de la fiscala Gabriela Boquín, pidió ante la Cámara Comercial que se anule el acuerdo por considerarlo “arbitrario, irrazonable y perjudicial para el Estado”.
Un 24 de marzo pero de 1997, el gobierno de Carlos Menem decretaba la privatización de la prestación de los servicios postales en beneficio de la Sociedad Macri (SOCMA), de la que Mauricio era directivo. Argentina se convirtió en uno de los primeros países del mundo en privatizar su servicio postal. En 2001, cuatro años más tarde, la empresa Correo Argentino S.A. entró en “convocatoria de acreedores” para evitar la quiebra.
El lunes pasado, veinte años después del inicio del proceso más largo de un “concurso de acreedores” de la historia de la Justicia comercial argentina, la jueza Marta Cirulli decretó la quiebra de Correo Argentino S.A. Luego de frustrarse el salvataje de la empresa, el fallo de la jueza señala que la oferta realizada por la compañía postal «solo representaba el 100% de la deuda a los ojos de la propia empresa», pero que no puede compensar «ni remotamente lo adeudado por falta de pago de los cánones mensuales, devengados -cuando menos- desde el año 2001 hasta el cese de la concesión”.
La causa del Correo es una de los tantos casos donde el Estado termina “salvando” a empresas vaciadas y con deudas multimillonarias. Acá cabe hacer una aclaración. Una es la empresa Correo Argentina S.A. perteneciente a SOCMA, el grupo empresarial de la familia Macri; y otra es Correo Oficial de la República Argentina S.A., que es la empresa estatal que opera el servicio postal en el país hoy. En el año 2003 el gobierno de Néstor Kirchner le rescindió la concesión y aseguró que la deuda de la empresa con el Estado en concepto de canon era de 296 millones de pesos (o dólares en ese momento).
El grupo SOCMA repudió mediante un comunicado el fallo de la jueza y sostuvo que “el Estado se apropia de los bienes de una empresa, le deja deudas y la lleva a la quiebra”. Desde la alianza de Juntos por el Cambio también acusaron de “persecución» contra Mauricio Macri.
La representación del Estado Nacional está a cargo de la Procuraduría del Tesoro, quien asume la defensa del Estado en los litigios judiciales. El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, aseguró que “pedirá la extensión de la quiebra a SOCMA” y que está “interesado en recuperar los 300 millones de dólares que Correo S.A. le debe al Estado argentino”. “Está demostrado que Correo Argentino no vale nada. Vamos a ver qué es lo que hace el síndico, quien tiene 6 meses para pronunciarse sobre la situación de los administradores y los controlantes y aconsejarle a la jueza la extensión de la quiebra”, comentó.
El gobierno nacional reclama que la empresa Correo Argentino S.A. del grupo SOCMA le debe al Estado 4.500 millones de pesos, y no $1.011 millones, los que ofreció la familia Macri y su empresa.
