Mejor prevenir que perder.

“Los salarios tienen que ganarle a la inflación”. Por ahora es sólo una gran expresión de deseo de la mayoría de las y los argentinos. El poder adquisitivo de los sueldos decrece desde hace 8 años ininterrumpidamente, con un agravamiento tras cuatro años de macrismo que llevaron al salario promedio argentino en dólares a ser el segundo más bajo de la región.
Pero “los salarios tienen que ganarle a la inflación”. Así lo expresó como proyección el ministro de Economía, Martín Guzmán, en recientes declaraciones radiales; y así también lo sostienen desde las altas esferas del gobierno nacional. Desde el año 2001 la inflación ha sido uno de los grandes problemas para los sectores bajos y medios de la escala social argentina. Salvo durante los dos primeros gobiernos del kirchnerismo, los aumentos salariales no le ganaron al aumento de precios y, por momentos, muy por el contrario, se derrumbaron.
Los índices de inflación del 4% de diciembre y enero pusieron en alarma al gobierno que pretende que, en un año electoral, la inflación no siga corroyendo el poder adquisitivo de los salarios. Es que 2020 comenzó con una inflación en los primeros meses bastante moderada (2,3% mensual en promedio en el primer cuatrimestre), a medida que la economía se reactivó durante la pandemia, los precios también fueron aumentando; y, al ritmo de una inflación del 4% mensual, la gestión de Alberto Fernández estará superando el 40% a fines de 2021, muy lejos del 29% que presentó como proyección en el Presupuesto 2021 el ministro de H. Yrigoyen 250.
Por eso es que el gobierno a principios de este mes acordó con empresarios precios máximos para algunos cortes de carne, se reunió con la mesa de Enlace del Campo para revisar la cadena de producción y comercialización agroindustrial y controlar los costos de los precios de alimentos, acordó “paritarias libres” con sindicatos con una proyección de recuperación salarial de entre 2 y 4%.
Estos acuerdos son complementados con una política de control de precios llevados a cabo por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) quienes realizan a diario fiscalización de precios y abastecimiento en distintos supermercados y comercios para garantizar condiciones, cantidad y precios negociados con los empresarios.
Al cierre de esta nota, la Secretaría de Comercio Interior de la Nación imputó a 12 empresas productoras y distribuidoras de alimentos por “desabastecimiento de productos de consumo masivo”, entre ellas Mastellone, Fargo, Danone, Molinos, Bunge, Unilever, Paladini. Se las acusa por “retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización”, según un comunicado oficial. Las empresas habrían incumplido la intimación del gobierno a incrementar su producción hasta el máximo posible y asegurar su transporte y distribución.
“Los salarios tienen que ganarle a la inflación”. Es hora de que los sueldos vuelvan a ser dignos para vivir. Pero no sabremos hasta bien entrado el año si el gobierno podrá cumplir esta premisa. No son momentos para especular con el dinero en mano, invertí con Arbia Inversiones. Mejor prevenir que perder.

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