La falta de vivienda es uno de los principales problemas para la mayoría de las familias trabajadoras. El acceso a un techo propio es casi un imposible hoy en Argentina. Si no tenés la suerte de heredar, con los precios de los inmuebles dolarizados y un valor del verde muy alto, es casi imposible para una familia que vive de uno o dos sueldos promedios, poder comprar un inmueble sin endeudarse por muchos años.
La llegada de la pandemia al país suspendió mudanzas, congeló “a cuenta” alquileres y trajo inconvenientes para inquilinos que tuvieron o tienen problemas laborales consecuencia del coronavirus. Ya pasada la primera gran ola de contagios, el gobierno habilitó las mudanzas pero prorrogó dos veces el decreto que suspende los aumentos de los alquileres. Hace días el Consejo Federal del Colegios Inmobiliarios de Argentina (CoFeSi) emitó un comunicado pidiendo al gobierno que no extienda el decreto de congelamientos de los precios de alquileres y propuso crear una tarjeta “alquilar”.
La entidad también planteó el financiamiento con con 18 y 24 cuotas a aquellos inquilinos que mantuvieron las tarifas congeladas y generaron una gran deuda por los aumentos impagos por la prórroga del decreto. Y por último, CoFeSi propuso la eximición de impuestos nacionales y provinciales para la construcción de nuevos inmuebles de hasta 60 mts. cuadrados que se usen para alquiler. Los representantes de los propietarios sostienen que “incentivaría la construcción de viviendas para paliar el déficit habitacional” y se generaría “mano de obra genuina”.
Por otra parte un informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso) asegura que alquilar un monoambiente en CABA resultó en enero de 2021, un 50% más caro comparado con enero de 2020, bastante por encima del 38,5% de inflación interanual entre esos meses. En departamentos de dos y tres ambientes las subas fueron de 44,4% y 60% interanual. Estos aumentos están muy por encima de lo que establece el índice la ley. La Ley de Alquileres se creó para proteger a los más desfavorecidos, sin embargo es de difícil puesta en ejecución sino hay un control fuerte del Estado.
El secretario de la Mesa Nacional de Inquilinos, Roberto Díaz, nos dio su opinión sobre la propuesta del CoFeSi: “el mercado inmobiliario solamente pide que finalice el decreto 66 para poder cobrar renovaciones, aumentar el precio de los alquileres y presionar para desalojar al 40 por ciento de inquilinos e inquilinas que tienen deudas”.
El representante de los locatarios asegura que “con estas medidas sólo quieren salvarse a sí mismos” y propone otra alternativa: “La solución es desendeudar a los inquilinos, a los que se les congeló el precio, y que puedan permanecer en la vivienda. Se necesita una clara regulación de los precios de los alquileres. Eso es lo que va a cuidar el salario y garantizar la vivienda de los habitantes de este país en el medio de la pandemia. Un país no puede dejar a sus habitantes en la calle en una situación económica tan difícil como la actual”.